«Es la semana de las decisiones»: Servel asume que está contra el tiempo y pone presión al Gobierno a 15 días del inicio de la franja electoral del plebiscito

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Horas claves vive el plebiscito constitucional del próximo 25 de diciembre. No en cuando a su realización, que sigue programada para esa fecha, sino en cuanto a la propaganda electoral, la que comienza en solo dos semanas, y el presupuesto para afrontar estas votaciones con todas las medidas sanitarias por el COVID-19.

Debido a que el plazo se acaba, el presidente del Consejo Directivo del Servicio electoral (Servel), Patricio Santamaría, advirtió ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que aún existen una serie de problemas no resueltos.

“Somos un órgano que está fuera de la administración del Estado. Nos parece que cuando tenemos 16 días para el inicio de la propaganda y 76 días para implementar un plebiscito, que tengamos que preguntar, por ejemplo, qué tipo de mascarilla (podemos comprar) y que no podamos disponer de un presupuesto, nos parece un despropósito, creo que jurídicamente hay un error”, dijo Santamaría ante los diputados, en declaraciones recogidas por el diario La Tercera.

En esa línea, Santamaría aseguró que esta «es la semana de las decisiones», ya que además del tema presupuestario y de propaganda de campañas, se tiene que resolver las atribuciones del Servel para hacer cumplir las medidas sanitarias y el derecho a voto de personas con COVID-19.

“Cuando pasan los días, no se devuelven llamadas, no se constituyen en la mesa y cuando necesitamos comprar un computador hay que pedir que ellos nos autoricen, no vamos a poder cumplir con lo que estamos trabajando, lo que es absurdo”, agregó.

La respuesta de la Dipres

Una de las críticas que realizó Santamaría apunta a la Dirección de Presupuestos (Dipres), asegurando que aún no conforma una mesa que habría comprometido con el objetivo de agilizar el proceso de aprobación de gastos en los que tendrá que incurrir el Servel.

Los aludidos respondieron, explicando que el Servel realizó una “solicitud por aproximadamente 3.600 millones de pesos (…), la que contempla el financiamiento de las medidas sanitarias para la realización del plebiscito” y que ya habría sido aprobada.

«A la fecha, no existe ninguna aprobación pendiente por parte de esta institución respecto de recursos financieros y procesos de compra relacionados con el plebiscito”, añadieron.

Para frenar el «vacío legal» del financiamiento

En paralelo, el Gobierno decidió ingresar este martes una indicación para regular aspectos sobre el gasto electoral del plebiscito, como reporta el diario El Mercurio.

Con ello, el Ejecutivo y el Congreso deberán tramitar contra el tiempo una regulación en torno a tres ejes: fijar los aportes, prohibirlos a las empresas y del extranjero, así como no reembolsar por voto obtenido.

Tal como se encuentra la legislación, en esta campaña podría una empresa, o recursos de origen extranjero, contribuir a la campaña. Debido a esto, el Ejecutivo ingresó una indicación a una moción presentada por el exdiputado Mario Desbordes y su par RN Andrés Longton.

La idea del Gobierno es regular la propaganda de tres actores: los partidos políticos, las ONG habilitadas por las colectividades en la franja y los parlamentarios independientes. La indicación, en ese sentido, se estructurará en torno a los ejes mencionados.


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